Es un instrumento internacional de las Naciones Unidas destinado a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Ratificada en Chile en el año 2008, implica un cambio de paradigma frente a la discapacidad, pasando de un enfoque asistencialista a un enfoque de derechos, pero ¿qué implica esto en la realidad?
Todos los artículos que contiene la Convención, buscan promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales de las personas con discapacidad, tales como el derecho a votar, a acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a la independencia económica, etc.
La convención implica un cambio de paradigma, pasando de ver a las personas con discapacidad desde un enfoque asistencialista, como receptores de cuidados y personas dependientes de otro para poder realizar las actividades de la vida diaria, a un enfoque de derechos, es decir, las personas con discapacidad como sujetos autodeterminados, que deciden su propia vida y participan activamente de los distintos ámbitos de la sociedad.
En nuestro país, al ratificar la Convención, el Estado se compromete a asegurar estos derechos, a través de acciones concretas que permitan avances reales en todas las temáticas que abarca este instrumento. Uno de ellos, es sin duda la Ley 21.015, que exige a las empresas de más de 100 trabajadores, contratar al menos un 1% de trabajadores con discapacidad, lo que implica un impulso en materias de inclusión y participación de la población con discapacidad; sin embargo, aún es importante tener en cuenta los desafíos asociados al cumplimiento de distintos derechos, pues no basta solo con la legislación, a ello se debe sumar la culminación de barreras actitudinales, tales como los mitos y estereotipos en torno a la discapacidad.