A pesar de los años que han pasado desde su implementación, el nivel de cumplimiento de la ley, nos muestra que existen grandes desafíos en materias de inclusión laboral.
A la hora de medir el cumplimiento de la Ley que exige a las empresas de más de 100 trabajadores, contratar un 1% de personas con discapacidad, una de las principales barreras es la falta de datos oficiales lo que no permite saber de manera real el nivel de cumplimiento.
En un informe publicado por SENADIS en octubre de 2022, acerca del nivel de cumplimiento en el sector público, se indica que solo un 26,7% de las empresas cumple la cuota y diversos informes de la misma institución y de la Dirección del Trabajo, señalan que, dependiendo de las regiones, el cumplimiento no supera el 60%.
Por otro lado, un factor a considerar se relaciona con las multas a las que se exponen las empresas por no cumplir con lo que exige la ley, la cual es baja o poco significativa si se considera que incumplir una ley laboral, es una falta grave, por lo que muchas veces, el foco se sitúa en estos aspectos y no en lo que realmente tiene como objetivo la ley: que las personas con discapacidad accedan a un empleo.
El acceso a un trabajo repercute directamente en aspectos como la autonomía, seguridad personal y bienestar económico de las personas, por lo que el desafío sigue siendo hacer que esto sea accesible para quienes tienen una discapacidad.
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