A partir del 1 de abril de 2018 la Ley establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en empresas y en organismos del Estado que tengan 100 o más empleados.

El proyecto es un cambio de paradigma y hace hincapié en el respeto de la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación plena en la sociedad, y la igualdad de oportunidades.

Esta nueva ley termina con la discriminación salarial mediante la derogación del artículo 16 de la Ley N° 18.600, que permite que las personas con discapacidad intelectual puedan percibir salarios menores al sueldo mínimo.