Solo el 40% de las empresas cumple con la cuota legal, normalizando el incumplimiento por falta de fiscalización efectiva y consecuencias reales.
Distintas instituciones que trabajan por la inclusión laboral, han puesto en alerta la baja adhesión a la Ley (Ley N° 21.015), advirtiendo que solo el 40% de las instituciones y empresas con más de 100 trabajadores estaría cumpliendo con la cuota del 1%.
Es importante enfatizar que sin una fiscalización efectiva por parte de la Dirección del Trabajo (DT) y consecuencias reales, el incumplimiento se normaliza, impactando la reducción de las brechas sociales. Para las grandes empresas (200 o más trabajadores), no cumplir con la Ley ni ejecutar las medidas alternativas expone a multas que pueden llegar hasta 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada mes de infracción.
Además del bajo cumplimiento, hay otra crítica relacionada con que la obligatoriedad se haya centrado en el mundo laboral sin una contraparte en la obligatoriedad de incluir desde la etapa escolar, lo que dificulta la trayectoria laboral de las personas con discapacidad. Las empresas deben considerar también el rol del Gestor de Inclusión Laboral certificado (Ley N° 21.275) para asegurar una cultura y prácticas de inclusión sostenible.
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