Se cumplen ocho años desde la implementación de la normativa que busca incluir a personas con discapacidad al mercado laboral, un hito que nos invita a reflexionar sobre la importancia de ir más allá del mero cumplimiento de la cuota.
La Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral celebra un nuevo aniversario, destacándose como un marco legal fundamental que ha impulsado la contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez en el sector público y privado. Entre sus avances, se proyecta un aumento de la cuota de contratación del 1% al 2% una vez que el 80% de las empresas obligadas cumpla la meta inicial. Además, la Ley N° 21.275 introdujo la figura del Gestor de Inclusión, profesional clave para asesorar a las organizaciones en la gestión de la diversidad.
Sin embargo, persisten desafíos significativos. Las estadísticas demuestran un alto porcentaje de rotación y desvinculaciones, siendo la renuncia del empleado (19,3%) y el vencimiento de contrato (16,4%) causas importantes de término de la relación laboral. El llamado a las organizaciones es a trascender la fiscalización, enfocándose en asegurar los ajustes necesarios durante los procesos de reclutamiento y en la sostenibilidad de los puestos de trabajo. La verdadera inclusión requiere de seguimiento, mentoría y la creación de ambientes laborales que eliminen las barreras físicas y actitudinales.