Existe una gran cantidad de barreras que puede obstaculizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación, entre ellas, la falta de recursos, la escasa capacitación a los docentes, la ausencia de ajustes razonables, entre otras; sin embargo, los esfuerzos debiesen dirigirse a cómo enfrentar dichas barreras y disminuir o eliminar su efecto.
Si bien se ha avanzado en términos del reconocimiento de la inclusión, como un aspecto fundamental a la hora de hablar de acceso y permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo, todavía es necesario guiar las acciones por parte de los distintos organismos, hacia la creación e implementación de políticas inclusivas.
Durante años, organismos internacionales como UNESCO, OEI o CEPAL, han descrito la problemática que relaciona la discapacidad con el acceso al sistema educativo, no sólo en nuestro país sino que a nivel mundial, donde aún persisten principalmente barreras actitudinales relacionadas con la estigmatización de las personas con discapacidad.
En nuestro país, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide, 2022) muestra que ya en educación básica, existe una baja en el promedio de asistencia al comparar población con y sin discapacidad, ampliándose esa diferencia en la educación media.
Con respecto a los motivos que sustentan las distintas estadísticas que muestran un menor acceso o permanencia en el sistema educativo por parte de la población con discapacidad, encontramos barreras físicas como ambientales. Las primeras de ellas, se refieren por ejemplo, a dificultades en el transporte para llegar a los establecimientos educacionales o a la falta de infraestructura (rampas, ascensores, etc.), y las segundas se relacionan con factores como la falta de preparación por parte de los profesionales y/o cuidadores, y también con aspectos más bien actitudinales, como las ideas preconcebidas en torno al alumnado con discapacidad, lo que sigue siendo una de los principales desafíos en términos de inclusión.