El inicio de año marca el plazo final para que las grandes empresas en Chile aseguren el cumplimiento de la ley de inclusión laboral, en un contexto donde se discute el aumento de la cuota y la fiscalización se hace más estricta.
El primer mes del año se convierte en un periodo de alta relevancia para el cumplimiento de la Ley N° 21.015, que exige a las empresas con 100 o más trabajadores destinar un 1% de sus plazas a personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Este plazo de cumplimiento obliga a las organizaciones a transparentar sus acciones, demostrando si han realizado las contrataciones requeridas o si han optado por medidas sustitutivas para acatar la normativa. Es un momento crucial donde la planificación de la inclusión se evalúa como una estrategia concreta y no solo como una aspiración.
La importancia de este periodo se ve reforzada por los recientes avances legislativos, los cuales apuntan a reforzar el impacto de la ley. Se ha informado sobre la discusión de una potencial reforma que busca elevar la cuota mínima de contratación del 1% al 2%, de manera progresiva. Esta propuesta refleja una ambición país por acelerar la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral y presiona a las organizaciones a redoblar sus esfuerzos, visualizando la inclusión como un pilar fundamental de su estrategia de capital humano.
Finalmente, la fiscalización de esta normativa se ha vuelto más rigurosa, con organismos públicos activamente monitoreando el cumplimiento. Esto implica que las empresas ya no sólo deben reportar, sino demostrar la calidad y la permanencia de las inclusiones. El compromiso con la Ley 21.015 trasciende la cuota; se trata de establecer entornos de trabajo verdaderamente accesibles y libres de discriminación, donde los ajustes razonables sean la norma y no la excepción.
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