La tendencia global en políticas de inclusión exige que las organizaciones midan el impacto real de sus acciones, migrando desde la simple existencia de "planes de igualdad" hacia resultados concretos que cierren brechas.
Las políticas de inclusión en el ámbito laboral están experimentando una evolución significativa, donde el foco se traslada de la igualdad formal a la igualdad efectiva. Esto significa que ya no es suficiente contar con planes, protocolos o declaraciones de principios, sino que se requiere medir el impacto real de las medidas implementadas. El desafío para las empresas es demostrar, mediante indicadores claros y sistemas de seguimiento, los cambios concretos en el acceso al empleo, en la permanencia laboral y en la eliminación de sesgos en los procesos internos.
Este cambio de paradigma obliga a las organizaciones a realizar diagnósticos mucho más exhaustivos antes de implementar cualquier acción. El análisis debe ir más allá de los números generales e incorporar un enfoque interseccional, reconociendo que las desigualdades se superponen. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que además es mujer enfrenta desafíos distintos a los de sus pares, lo que requiere medidas específicas y un diseño de intervención mucho más preciso y personalizado.
En el contexto actual, la inclusión se consolida como un eje transversal que debe integrarse en todas las políticas internas: desde la estructura de los horarios y el teletrabajo regulado, hasta los procesos de selección y promoción. El objetivo es asegurar que la perspectiva de la discapacidad no sea un anexo, sino un componente esencial en urbanismo, educación, salud y, por supuesto, en todos los niveles de la organización.
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